Artículo sobre mujeres y madres de menores españoles que se encuentran en situación irregular pese al arraigo familiar
La Opinión.es La denegación del permiso de residencia a mujeres inmigrantes con hijos españoles supone para ellas un drama extra en sus vidas, ya de por sí vilipendiadas por sus circunstancias sociales y económicas. Son personas vulnerables por miles de razones. Por ejemplo, por haber sido maltratadas, por desconocer sus derechos, por carecer de soporte familiar, por tener hijos pequeños a su cargo que les dificulta entrar en el mercado laboral, por la escasez de trabajo, por estar permanentemente discriminadas por la sociedad. En definitiva, porque la vida no da las mismas oportunidades a todos.
Hartas, algunas de estas madres han querido contar sus historias personales y compartir su desesperación e impotencia ante una postura que ellas consideran inflexible y contraria a los derechos de los niños por parte de La Brigada de Extranjería, la Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife y la Subdelegación del Gobierno. Este organismo estatal asegura que sólo cumple con la ley y que el ser madre de niños españoles no es un requisito que les asegure la residencia. Sin embargo, hay una sentencia del Tribunal Supremo que resuelve no ajustado a Derecho el acuerdo de expulsión de las madres con hijos nacidos en el país.
El calvario que han sufrido las madres inmigrantes con hijos españoles año tras año ha sido muy difícil de soportar para ellas. El abogado Roberto García, que representa a muchas de estas mujeres en Santa Cruz de Tenerife –en los últimos tres años ha atendido a casi cien– explica que la aprobación en abril del Reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España supuso una buena noticia. Su artículo 124, sobre la autorización de residencia temporal por razones de arraigo abrió un resquicio de esperanza, ya que contempla dicha autorización para padres o madres de un menor de nacionalidad española.
No obstante, hace unos días, cuando Carmen Woodbberry fue a renovar su permiso, se lo denegaron. Esta es su historia y la de otras dos mujeres:
Carmen Woodbberry. Esta mujer venezolana llegó a Santa Cruz de Tenerife hace 25 años. Un año después de instalarse, su marido logró un piso de protección oficial por su condición de emigrante retornado.
Sin embargo, el matrimonio no funcionó y se divorciaron. Pero todo se complicó aún más cuando se le pasó notificar a Extranjería su nueva situación y perdió el permiso comunitario para permanecer en España. En mitad de un proceso duro de divorcio, con cuatro niños a su cargo, sin nadie que le asesorara, a esta mujer le sobrepasaron los problemas.
Sin saber qué hacer, acudió al Ayuntamiento en busca de asesoramiento. Como es madre de niños españoles, Extranjería le otorgó el año pasado la tarjeta de residencia provisional, que debe renovar cada doce meses.
Sin embargo, cuando la semana pasada fue a renovarla, se la denegaron. La razón que le dieron es que no cotiza. Y ella se pregunta cómo puede cotizar si no encuentra trabajo.
Con su abogado presente, acaba de solicitar otra vez la tarjeta de residencia y trabajo y ahora sólo puede esperar la contestación. Con una denegación anterior, lo más probable es que se la vuelvan a denegar. Entonces, sólo le quedará acudir a la justicia.
Carmen Woodbberry está ahora en situación administrativa irregular, a pesar de llevar 25 años en Tenerife, tener cuatro hijos de nacionalidad española y vivir en un piso de protección oficial.
E María. El drama personal que sufre esta mujer inmigrante brasileña le impide dar su nombre completo. Su situación es aún peor que la de Carmen, ya que se le ha abierto un expediente de expulsión. Ella es madre de una menor española. Vino a Santa Cruz hace casi cinco años.
Para ella, la entrada en vigor del reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España supuso un alivio. De inmediato, solicitó su tarjeta de residente y trabajo. Según informa su abogado, Roberto García, sólo está pendiente de que llegue de su país el informe que certifica que no tiene antecedentes penales para poder tramitar el permiso.
Sin embargo, hace un mes, la policía la paró en la calle y le pidió la documentación. Al ser inmigrante irregular, le abrieron un expediente para multarla. La segunda vez que tuvo un encuentro con la Policía Nacional, ésta le abrió otro expediente, esta vez de expulsión, “a sabiendas” de su situación personal.
En el recurso interpuesto por su representante legal se asegura que la afectada nunca recibió la notificación de la multa y advierte de que hay jurisprudencia que establece que las madres de menores españoles son inexpulsables. María tiene, además, la guarda y custodia de su hija.
Sobre el caso de María, la Subdelegación asegura no tener constancia de que esta mujer esté esperando el informe que certifica que no tiene antecedentes penales en su país. Además, explica que la denegación del permiso de residencia por circunstancias especiales se debe a no haber pagado las tasas obligatorias para este tipo de documentación legal.
La Subdelegación asegura que María será expulsada, a pesar de ser madre de una menor española, si no regula su situación.
E Daniela Pérez. Es argentina y llegó hace nueve años –cuando aún era menor de edad– a Santa Cruz. Sus padres, separados, tenían la custodia compartida de Daniela. Sin embargo, su madre desapareció y su hija no sabe siquiera dónde está. A Santa Cruz vino con su padre para empezar una vida nueva. Sin embargo, el abandono de su madre le trajo muchos problemas legales en España, ya que para obtener permisos le exigían la firma no sólo de su padre, sino también de su madre, al ser menor y estar en régimen de custodia compartida.
Hoy, Daniela tiene dos niños pequeños españoles y una preocupación enorme. A pesar de haber conseguido hace tres meses el permiso de residencia, gracias a la entrada en vigor del citado reglamento, tiene miedo de que no se lo renueven por que no ha cotizado. Pero se hace la misma pregunta que sus compañeras: ¿Cómo trabajar con dos niños pequeños a su cargo y, además, con una crisis mundial como la actual, que engrosa cada día las colas del paro.
Ella sufrió mucho con su hijo mayor, ya que ninguna guardería lo aceptaba al ser hijo de padres inmigrantes en situación de irregularidad. No obstante, después de años de lucha en toda España, varias sentencias, ahora ya se admiten a estos niños en las escuelas infantiles.
Para estas tres mujeres, con arraigo en Santa Cruz de Tenerife y con hijos españoles, cualquier revés dado por la Oficina de Extranjería, como la no renovación del permiso por no cotizar, supone un drama enorme, no para ellas, sino para sus hijos, casi todos niños y bebés nacidos en España que, sin ser culpables de nada, ven vulnerados sus derechos.
FUENTE: PARAINMIGRANTES.INFO
